Calcatreu

El proyecto Calcatreu, ubicado en la Provincia de Río Negro, es un emprendimiento de explotación de oro y plata iniciado en 1998, de propiedad de la empresa Aquiline Resources Inc. En la actualidad, se encuentra paralizado en la etapa de exploración debido a la sanción en 2005 de una legislación provincial prohibitiva del uso de cianuro y mercurio para la explotación minera, ratificada luego por una resolución del Poder Ejecutivo Provincial. Por lo tanto, la postura del Gobierno Provincial prioriza la preservación del medio ambiente, pero no se opone a la explotación minera en sí sino que se espera la generación de métodos de extracción alternativos que reduzcan el riesgo de contaminación de los recursos naturales.
Por el sí a la mina se encuentra la empresa Aquiline Resources Inc, la Dirección de Minería Provincial y los Vecinos por la Minería. En cuanto a la coalición por el no, se destacan el CODEMA (Consejo Federal Provincial de Ecología y Medio Ambiente), el CODECI (Consejo de desarrollo de las comunidades indígenas), la Diócesis de Bariloche, los Vecinos Autoconvocados “La Pirita” de Ingeniero Jacobacci y la Asamblea Coordinadora Patagónica. El conflicto se ha encauzado a partir de la vía política (sanción de ley prohibitiva), la vía legal con la presentación de un recurso de amparo – que ha sido dado a lugar – por realizar tareas de exploración en tierras de comunidades indígenas, y por la vía directa con marchas de difusión de información, manifestaciones públicas y participación en alianzas y redes con articulación de experiencias.
 
Los actores a favor de la mina apoyan el proyecto debido a las fuentes de trabajo, los recursos económicos y las posibilidades de desarrollo provincial y local. Por su parte, la coalición en contra apunta a que el proyecto atenta contra el patrimonio social y cultural de las comunidades indígenas y pone en riesgo los recursos naturales de la zona.
En conclusión, el conflicto se encuentra en una etapa latente con una baja visibilidad en el espacio público y un bajo nivel de conflictividad. Sin embargo, la latencia del conflicto radica en que desde la clase política la oposición a la minería es parcial, es decir, se oponen a los métodos pero no a los beneficios de la explotación económica minera; en que la empresa continúa – a pesar de la prohibición – sus tareas de exploración en la zona y no desiste de la posibilidad de concretar la explotación; y en la fragmentación social hacia dentro de la población local en función de su apoyo o rechazo a la actividad minera. 

Desde la década pasada hemos visto en Jacobacci a personal de geólogos efectuando exploraciones y cateos por la región. A fines de dicha década supimos que habían encontrado una veta con minerales cuya cantidad hace presumir que el proyecto, actualmente en etapa de exploración, se concretaría en mina. Esto nos preocupó, pues nos enteramos de que la explotación sería tipo "a cielo abierto", en cuyo proceso se utiliza el sistema de lixiviación con cianuro, con posibilidades contaminantes.
      La provincia debe crear un impuesto al "derecho a la modificación de la geomorfología de determinado lugar del territorio provincial". Estos ingresos serían distribuidos con un pequeño porcentaje para el dueño del campo afectado, pues si bien no tiene derechos en sus subsuelos, sí es propietario de la superficie del mismo y si se la van a modificar, es justo que se lo compense. Otro porcentaje iría a la municipalidad y el resto la provincia lo destinaría a equipamiento hospitalario.